sábado, 20 de febrero de 2016

Nuevo orden mundial y la Argentina neoliberal

Formación del nuevo orden mundial
Hacia finales de los ‘60 la prosperidad comenzaría  avizorar las primeras crisis. La tensiones sociales se hacían cada vez más fuertes y el capitalismo se encontraba con un oponente comunista que resistía y llegaba a tener un aliado a 200 millas de Florida. Esta situación provocaría mutaciones en el escenario mundial y cambios políticos en los Estados Unidos.
El sustento del crecimiento económico estuvo basado en la producción en masa que permitía el consumo masivo y la integración de los trabajadores a la prosperidad económico. El pleno empleo y el crecimiento económico se garantiza con una política fiscal y monetaria activa del Estado que cubría gran parte de los gastos sociales. Los niveles de crecimiento dependían de incremento constante de la productividad que garantizaban una rentabilidad mayor al crecimiento de la masa salarial. La crisis se haría evidente cuando estos niveles no alcanzaron a cubrir los incrementos salariales. La presión de los trabajadores devino en inflación combinada de recesión. El capital encontró la inflación para desvalorizar la fuerza de trabajo y mantener sus tasas de ganancia.
Además, el capital reorganizaría paulatinamente los procesos productivos, replanteando el régimen de acumulación. La segmentación y profundización de la diferenciación cualititativa del trabajo habría de ser un fenómeno sostenida hasta la actualidad. A lo que luego se sumaría una aceleración de la innovación tecnológica tendiente a reducir los componentes y rotación del capital fijo y a incrementar considerablemente los niveles de producción, a la vez que reorienta la producción hacia zonas de menor costo salarial, profundizando la trasnacionalización del capital.
El cuadro de la economía internacional había cambiado sustancialmente en 1970, respecto de la inmediata posguerra. El liderazgo absoluto que ocupaba los Estados Unidos en 1945 se vio resquebrajado en 1970. A los problemas de crecimiento interno se le agregarían los cambios en el escenario internacional. Mientras que en 1950 representaba el 39,4% del PB mundial, en 1970 caería al 36,2%.
El liderazgo del bloque occidental comenzaba a cuestionarse tras la formación de la CEE en el Acuerdo de Roma en 1968, que permitía al mismo De Gaulle desafiar a la solvencia de la Reserva Federal. Los niveles de crecimiento habían sido muy superiores al de los Estados Unidos y la competitividad alemana desafiaba crecientemente a la norteamericana. Además, la competencia de los Estados Unidos perdía competitividad con Japón que extendía sus lazos comerciales al resto del mundo. Mientras que en 1950, Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia representaban el 25,3% del PB mundial, en 1970 incrementarían su participación al 34,4%.
Por parte del bloque socialista, si bien los niveles de competitividad no alarmaban, el crecimiento económico posibilitaba una participación creciente en la economía mundial. También se agregaron varios países al campo de influencia. La URSS representaba el 13,8% y China el 9,1% del PB mundial en 1950, lo que se incrementaría hasta alcanzar el 16,1% y 10,6% respectivamente en 1970.
A partir de los ‘70, el Tercer Mundo experimentaría un proceso de heterogeneización. América Latina que en los ‘60 debatía sobre la posibilidad de consolidar su industrialización, sería encauzada bajo regímenes militares a la hegemonía de los Estados Unidos. Los países del sudeste asiático se subordinaron suministrando mano de obra barata, América Latina financió parte de los desequilibrios financieros y África quedó marginada del proceso de acumulación de capital.
Era evidente que el liderazgo norteamericano comenzaba a perder posición en la economía mundial a lo se le agregarían los problemas de políticos. El papel de potencia rectora obligaba a los Estados Unidos a participar, cubierto con el manto de la ONU, en conflictos internacionales intentando controlar la expansión del comunismo. De esta manera intervino en la Guerra de Corea en 1952-3, casi llegó al enfrentamiento directo con la URSS en 1962 por los misiles en CUBA y participó en la Guerra de Vietnam intentando controlar el retiro de Francia de Indichina.
Los resultados de la Guerra de Vietnam serían desastrosos para los Estados Unidos, no sólo militarmente, sino que además tendría su efecto político, debido a que marcaría la debilidad de la potencia a nivel internacional y a nivel interno reforzaría la actitud hacia un nuevo aislacionismo, debido a la manipulación que se realizó del conflicto en la opinión pública.
Se reforzarían dos tendencias, por un lado la presión sobre las reservas internacionales y por otro la imposibilidad de los Estados Unidos de controlar los conflictos de Medio Oriente entre Israel y los países árabes. Esta situación devino en la devaluación del dólar en 1971 y la crisis petrolero de 1973.
Crisis del Estado de Bienestar
La creciente tendencia inflacionaria, la desaceleración del crecimiento económico, sumado al descrédito de los dirigentes políticos que tuvo su culminación el caso Watergate, delimitaron la formación de una reacción conservadora que tendrá su inicio con la asunción de Ronald Reagan a la presidencia. El programa económico de Reagan mantuvo preceptos Keynesiano, debido a que se proponía estimular la economía por medio del gasto público y el déficit fiscal. En este sentido, el rol de Estado seguiría teniendo un rol clave en la economía norteamericana. Pero la novedad consistió en dirigir el gasto hacia el sector militar. Reagan consideraba que para recuperar la competitividad internacional debía reindustrializar la economía norteamericana bajo un keynesianismo militar.
El resultado de esta nueva política económica es que se pasó de un Welfare State a un War State, que si bien recuperaría económicamente a los Estados Unidos, las consecuencias sociales serían profundas, provocando una profunda dualización, causado por un “apartheid económico” que condena a gran cantidad e la población a niveles de pobreza. La cruzada neoliberal tiende a cambiar el benefactor del gasto público. Se reducen presupuestos de salud, vivienda y educación, y como contra partida se aumentan las erogaciones en gasto militar y subsidios empresariales.
La nueva política económica transformó sustancialmente la economía internacional, generando un mecanismo de desequilibrio financiero permanente. A diferencia de las posguerra, donde la hegemonía y el poderío militar daban coherencia al sistema internacional, a partir de los ‘70 se han convertido en la principal fuerza desorganizadora, porque el gasto militar provocó un doble déficit de balance comercial y fiscal, demandando constantemente capital financiero para cubrir estos desequilibrios.
Argentina y su transición al neoliberalismo
Al compás de la revolución científico-tecnológica, entramos al vertiginoso mundo de la mass-mediatización. El proceso de globalización del capital, reformula el rol del Estado y provoca grandes mutaciones en las pautas culturales de las sociedades. Los países de América Latina no escaparon a esta nueva forma del capital, tendencia que se manifiesta como globalizante y tiende a trasladar las lógicas que la constituyen hacia la región. La crisis del pensamiento populista tradicional abrió paso a una nueva concepción sobre las estrategias de desarrollo que incentivan una profunda reforma del Estado, con políticas tendientes a privatizar empresas públicas, liberalizar el comercio exterior, desregular los mercados financieros y flexibilizar las relaciones laborales. Irrumpió en escena un discurso oficial que se presenta como único y totalizante intentando desconocer toda posibilidad de construir lógicas discursivas alternativas.
Crisis del populismo.
El regreso de Perón se efectuó en 1973, el peronismo recuperaba a su líder y se esperaba un política social favorable a los sectores populares. Pero pronto los conflictos internos, sumados a los cambios en el escenario internacional, aceleraron los cambios en la política del General. Meses después, el líder viejo caudillo murió y la sociedad argentina entró al túnel del terror.
Isabel Martínez de Perón accedió al gobierno, permitiendo el avance de los sectores conservadores en el poder. El enfrentamiento social recrudeció, siendo el anuncio de lo que vendría después para todo el país. En esos días se generalizó el descontento popular. Los obreros protestaban ante el terrible ajuste provocado por el “Rodrigazo”, los empresarios no apoyaban al gobierno y las fuerzas armadas estaban ansiosas de poder. En 1975, la sociedad argentina estaba presa de una marcada ingobernabilidad. Lentamente el gobierno cedió el poder a los militares firmando el Decreto 2772. El 24 de Marzo de 1976, las FFAA se hicieron cargo por completo del gobierno, dando paso al “ Proceso de Reorganización Nacional”. Los militares fijaron un triste destino para la sociedad argentina.
La llegada de la dictadura militar aconteció cuando Argentina se encontraba en una diáspora en torno a su desarrollo económico. Se debía optar entre consolidar la estructura industrial con un desarrollo autónomo o integrarse a los vaivenes del mercado mundial, que en esos momentos reforzaba su presión sobre el continente. Para el primer proyecto, se necesitaba una clase empresarial acompañada de un Estado fuerte y con un mínimo costo salarial, como lo ofrecían las economías del sudeste asiático.
Pero la sociedad argentina sólo contaba con un Estado que podía devenir en fuerte y no lograba consolidar un desarrollo equilibrado. El crecimiento industrial argentino estaba centrado sobre sectores de baja competitividad que demandaban divisas provistas por el sector secundario, que a la vez, presionaba sobre el tipo de cambio forzando la apertura de la economía, desprotegiendo el primer sector. Cada aumento de la producción del sector secundario provocaba déficit comercial y problemas constantes en el Balance de Pagos.
Se suma a esta limitación, la política de redistribución, aplicadas durante períodos anteriores e inspiradas en el pensamiento Keynesiano, tomaban al salario como variable de expansión económica. Sin embargo, a diferencia de los efectos que podía causar el aumento de los salarios nominales en los países centrales, en Argentina, los efectos sobre la estructura productivas generaban fuertes tensiones hacia la devaluación y sus consecuentes pujas distributivas. Algo que tenía como objetivo beneficiar a los trabajadores terminaba provocando grandes ajustes sociales.
Durante el Onganiato, se intentó disciplinar a los sindicatos buscando garantizar una rentabilidad que permite el impulsó del sector industrial, pero la fuerte movilización de los acontecimientos a acaecidos en el Cordobazo, crisparon la viabilidad de este programa. Un último intento de articular un proyecto industrialista, que no tome como base expansiva al salario, fue el Plan Gelbard, que a través de un pacto, pretendió compatibilizar el esquema de un poderoso movimiento obrero con una débil estructura empresarial. Sin embargo la historia nos mostraría que el proyecto definitivamente se abortaría en 1976.
La Política Económica de la dictadura
La otra alternativa, residía en reorientar la estructura económica favoreciendo a la oligarquía tradicional, sector vinculado al mercado mundial. Pero para este proyecto se debía abrir la economía afectando la competitividad del sector industrial argentino, y con ello, los salarios de los trabajadores. Ambos modelos expuestos requerían frenar el potencial de movilización de los sindicatos, que con sus demandas trascendían peligrosamente las posibilidades de un capitalismo periférico, entrando a un punto de inflexión del populismo, que podría devenir a una experiencia a la cubana, motivo que reforzó la orientación del Departamento de Estado norteamericano a acompañar la aventura militar.
Esta política económica estuvo acompañada de una profunda reestructuración social y política. Los salarios constantes, que alcanzaron su nivel más alto en 1975, cayeron aproximadamente un 50% llegando a su nivel más bajo en 1977. Pero esa caída de salarios no incentivó el crecimiento industrial: de 2,1 millones de operarios se pasa a 1,8 millones, representando una disminución del 15%. Los cambios impulsados por el programa económico no se reducían a estabilizar la economía, más bien, se centraron en disciplinar la variable salarial.
Además, el Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, liberalizó irresponsablemente el sector financiero, incrementando la especulación; y alimentó también una estructura de corrupción en el Estado, por medio del desmesurado aumento del gasto público, siendo él más alto de las últimas décadas. Agravó esta situación el explosivo crecimiento de la Deuda Externa.
La dictadura militar no sólo reestableció el poder de los sectores oligárquicos, sino que además, actuó sobre la estructura política de la sociedad argentina. Las FFAA Latinoamericanas, estuvieron influidas por la Doctrina de Seguridad Nacional, que focalizó como enemigo interno al comunismo. La represión sobre las estructuras políticas de la sociedad civil se sistematizó. Cada día se engrosaron la lista de personas desaparecidas. El terror generalizado se ocultó mediante un alto gasto público, fiestas monumentales como el Mundial de Fútbol y un verano financiero permitido por los petrodólares.
Al final de la década, la dictadura vio cuestionado su poder político. En el ámbito internacional, la administración demócrata de Jimmy Carter objetaba los atropellos a los Derechos Humanos en la región. Mientras tanto la política interna comenzó a sentir el reclamo de los sectores conservadores, devenidos en “grupos económicos”, a favor de la apertura política. La sucesión Videla-Viola-Galtieri reflejó ese cuestionamiento.
Transición democrática y Política Económica
Los comicios celebrados el 30 de Octubre de 1983 significaron para la sociedad argentina el intento de recuperar la “República Pedida”, se volvió a la normalidad institucional luego del rotundo fracaso militar en la guerra del Atlántico Sur. La llegada del Dr. Raúl Alfonsín a la presidencia marcó un cambio importante en la vida política argentina.
La democracia se centró en reinstalar las instituciones como vía de recuperar el desarrollo económico. Se invertió el proceso de modernización y los problemas económicos pasaron a un segundo plano, priorizándose el combate al autoritarismo. Este reduccionismo político fue criticado por algunos intelectuales que alertaron sobre los nuevos problemas que debían enfrentar las nacientes democracias.
Los procesos de democratización que vivieron los países capitalistas desarrollados estuvieron apoyados sobre una consolidada base económica. El fordismo permitió una producción en masa y el Estado de Bienestar articuló un pacto social que logró una armonía entre el liberalismo económico y la democracia política. Pero las economías subdesarrolladas encontraron limitaciones en mantener la legitimidad de sus gobiernos  democráticos, tanto por su condicionamiento al mercado mundial, como por la limitada expansión del capitalismo, deviniendo en autoritarismos recurrentes.
El gobierno de Alfonsín tuvo como referente para la consolidación de la República Democrática el antecedente español del Pacto de la Moncloa, que dio marco a la transición de Franco a Felipe González en España. Pero la base que dio sustento a este acuerdo tuvo como raíz a una España que había logrado desarrollar su economía desde 1959. Por el contrario, la democracia argentina se paró sobre una economía en crisis y con un marco internacional desfavorable a su desarrollo económico. La búsqueda de acuerdos del gobierno alfonsinista pronto encontró sus límites en una sociedad que no quería pactar y aquellos sectores que le dieron su apoyo se transformaron paulatinamente en oposición.
Durante toda la década del ‘80 la economía argentina no logró recuperar su crecimiento económico, causando el retraso de los salarios y acentuando la movilización de los sectores sindicales. Sumado a esto, el gobierno radical tuvo que afrontar la deuda externa acumulada en la dictadura, que tras el “salvataje” financiero a la industria del Banco Central, luego de la crisis de 1982, había quedado en manos del Estado. Aunque algunos intelectuales defendieron este traspaso, los intereses generados por la Deuda, ahora pública, significaron buena parte de la recaudación fiscal y con ello, el ajuste de gastos redujo considerablemente el salario de los empleados estatales.
Los grupos económicos presionaron para reorientar la economía hacia el exterior e integrarse a los nuevos tiempos de la globalización. El gobierno se vio obligado a realizar reducciones presupuestarias y medidas de reactivación económica que no lograron un acuerdo político. La transición Grinspun- Sorrouille reflejó este cambio de orientación.
La República Argentina tuvo una fuerte presión fiscal por el pago de su deuda externa, que representaba un 7% de su renta nacional. Los organismos de crédito internacional no hicieron ninguna concesión a la naciente Democracia.
El gobierno había lanzado un programa conocido como Plan Austral, que logró por un tiempo estabilidad económica. Pero en 1987, entró paulatinamente en crisis, los grupos económicos encontraron en la inflación la forma de incrementar sus ingresos: apostando a la especulación financiera y al desgaste de los salarios reales, que se precipitaban a niveles inferiores a 1975.
En las elecciones del 6 de Septiembre de 1987, la UCR recibió un duro revés electoral, redujo considerablemente su bloque parlamentario y perdió varias gobernaciones, marcando el punto de inflexión del gobierno de Alfonsín. Además, se observó un crecimiento de las ideas liberales, expresadas por el Ing. Alvaro Alsogaray, que impulsaba el programa de los grupos económicos tradicionales.
Los diferentes grupos sociales presionaban sobre el Estado que no lograba contener esas presiones y cedíao a las demandas, cubriendo los déficits fiscales con emisión monetaria incentivando a la inflación. El gobierno de Alfonsín intentó recuperar el crecimiento económico, mediante un plan de estabilización que regulaba los tipos de cambio y controlaba el gasto fiscal. Pero no logró detener la tendencia inflacionaria que concluyó en la “hiperinflación” de 1989.
El 14 de Mayo de 1989 en las elecciones presidenciales, resultó electo el candidato peronista Carlos Saúl Menem, quien se impuso al radical Eduardo Angeloz. Luego de la profunda crisis inflacionaria de los meses de Abril a Junio, Alfonsín decidió adelantar el traspaso del mando. El viraje del gobierno de Menem nos presentará en esta década un nuevo escenario.
Neoliberalismo nueva economía del peronismo.
Las elecciones del 14 de Mayo de 1989 arrojaron un dato previsible por los encuestadores del momento, Carlos Menem derrotó al candidato radical, el cordobés Eduardo Angeloz, sin necesidad de Colegio Electoral. Con él, se esperaba el regreso del peronismo al gobierno para el 10 de Diciembre. Pero la crisis financiera que vivió el país aceleró el traspaso del mandato al 9 de Julio de 1989. La llegada de Menen sentó sus bases sobre varios factores, que le dieron el sustento político para marcar una nueva era en la sociedad argentina, permitiéndole ser el cuarto presidente que logra una reelección: Roca, Yrigoyen y Perón fueron los anteriores.
El edificio menemista se construyó sobre estos cimientos: los cambios abiertos por el capitalismo a partir de su nueva fase llamada globalización, que presionaron a las economías latinoamericanas para su ingreso al nuevo orden mundial que, acompañado por la crisis del pensamiento keynesiano y el resurgir del liberalismo, puso en cuestionamiento el accionar del Estado Nacional y Popular. A este panorama se le sumó la caída de los colectivismos burocráticos del socialismo real, lo cual provocó una legitimidad del resurgir del discurso neoclásico.
A finales de los años ‘60, las economías capitalistas habían entrado en una retracción del crecimiento económico. Los gobiernos de la OCDE aplicaban políticas keynesianas clásicas para salir de las crisis, pero entonces dichas medidas incurrieron en tendencias inflacionarias. El schok petrolero de 1973 recrudeció la situación, las recesiones de los años 1974-78, mostraron una crisis endógena del capitalismo. Ante el ocaso del keynesianismo, los liberales desempolvaron sus libros y volvieron a la carga en la escena política.
Con el ascenso de Margareth Tatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en EEUU, los proyectos neoliberales se aplicaron en sus respectivos países. En Inglaterra el conservadurismo logró legitimidad popular luego de la Guerra de Malvinas. En los Estados Unidos el republicanismo se vio favorecido por la crisis de la URSS.
Los colectivismos burocráticos permitieron la acelerada modernización de las economías orientales,  pero en los ‘70 se vieron superados por el desarrollo tecnológico del mundo occidental, que lo avasallaba en la carrera armamentística. El modelo de planificación soviética restringió todos los derechos políticos a cambio de la integración económica, pero la crisis del mismo aceleró los reclamos de libertad y el mundo oriental hizo implosión en 1989.
En la década del ‘80, Latinoamérica entró en un proceso de transición democrática, donde los gobiernos enfrentaron un nuevo escenario mundial, que los obligó a finales de década a cambiar la estrategia política que venían desarrollando en la fase populista. Luego de una serie de planes llamados “heterodoxos”, aplicados por los gobiernos de transición, se pusieron en marcha programas “ortodoxos”, recomendados desde el Consenso de Washington, donde las economías latinoamericanas se abrieron al mercado mundial, privatizando empresas estatales, desregulando el mercado financiero y “modernizando” el mercado laboral.
La economía argentina, como todos los países latinoamericanos, experimentó un estancamiento durante la década del ‘80. Los grupos económicos presionaron para abrir la economía, reestructurar el Estado y reducir los costos salariales para mejorar su rentabilidad. El gobierno radical, que había logrado un sustento popular en las elecciones de 1983, no accedía ni estaba en condiciones de llevar adelante el programa neoconservador.
Los grupos económicos encontraron en la inflación la forma de incrementar sus beneficios. A través de este medio lograron bajar los salarios reales, reducir sus cargas fiscales, por el pago de sus impuestos en valores nominales y licuar sus deudas por las tasas pasivas. Controlaron la economía, pero la responsabilidad política recaía en el gobierno.
Durante la gestión de Alfonsín la economía argentina padeció un profundo estancamiento, su PBI entre 1983-1989, con fuertes oscilaciones, creció solo un 1%, mientras que el déficit fiscal se mantuvo en el 8% del PBI al año, el saldo comercial fue negativo en todo el período y la Deuda Externa creció un 28,5%, por la sumatoria de intereses que representaron un 6% del PBI anual. Con la democracia, los sectores populares esperaron una recuperación económica que les devolviera los tiempos de bonanza. Pero se encontraron con la desvalorización constante de sus salarios reales, aunque tuvieron una suba de casi un 50% entre el ´83 y ´84, se precipitaron en los años siguientes hasta alcanzar los mismos niveles del ´82.
El proceso inflacionario sumado a las fuertes presiones del capital financiero internacional por el pago de la Deuda Externa provocaron un descalabro fiscal que pronto se expresó en una crisis social que derivó en los saqueos de Abril de 1989. La crisis de la moneda provocó una desestructuración de la Sociedad Civil y la libanización del Estado. El caos social imperante abrió terreno a la construcción de una pacto hobbesiano, que pondrá a Menem como “El Leviathan” que logrará reconstruir el Estado y la Sociedad Civil bajo la órbita neoliberal.
La asunción Carlos Menem contó con el apoyo de un amplio sector popular, que esperaba los salariazos a los que les tenía acostumbrado el populismo y que  se habían prometido en la campaña. Pero el “aggiornamiento” de los ideales de Perón, encontró como beneficiarios a los grupos económicos, que fueron asediando la conducción del Estado, y pronto consumaron la alianza con la integración a la gestión de sus cuadros técnicos.
Durante 1989 y 1990, los intentos de estabilización no lograron su objetivo. Se sucedieron varios ministros en la cartera de economía, entre ellos representantes de los grupos económicos como Néstor Rapanelli, pero la inflación no decayó. El Dr. Carlos Menem diagnosticó una crisis terminal para el populismo, y le hizo entender a la sociedad que para liquidarla había que prepararse a un ajuste duro, costoso y severo. Con una sofisticada explicación macroeconómica presentó su programa: cirugía mayor sin anestesia, fue la clave para la recuperación del crecimiento económico. La crisis económica legitimó la transferencia total de poder al Ejecutivo Nacional, a través de la Ley de Reforma del Estado, la Ley de Emergencia Económica y la ampliación de la Corte Suprema de la Nación, que permitieron aplicar drásticamente la reestructuración económica.
Luego de varios planes de estabilización como los BB I y II, el Plan Bonex, y los Erman I al VII, el gobierno intentó controlar las variables económicas. En julio de 1990, se aceleró el “asalto al Estado” con un proceso acelerado de privatizaciones, encargadas a María Julia Alsogaray, consolidando la flamante coalición con los representantes oligárquicos. El objetivo de la privatización no sólo se orientó a reducir el déficit fiscal y la carga de la Deuda Externa, sino que además procuró debilitar a un movimiento obrero y a un empresariado ligado a los contratos del Estado.
A las privatizaciones se le sumó la apertura comercial y la desregulación financiera encarada por el gobierno, garantizadas por la Ley de Convertibilidad sancionada en 1991 que fijaba la paridad del nuevo Peso con el Dólar. La asunción de Domingo Cavallo en el Ministerio recibió el beneplácito de los organismos internacionales. Incluso la administración Bush públicamente elogió el Plan Económico. En junio de 1991, el Subsecretario del Tesoro, David Mulford, elogió el plan Cavallo.
Las estratégicas elecciones del 8 de Septiembre de 1991, en las cuales el peronismo resultó ganador, permitieron a Menem y Cavallo dar clara señal a los inversionistas locales y extranjeros de la profundización de los criterios de mercado. Las desregulaciones financieras junto a la paridad cambiaria integraron definitivamente la economía argentina a los designios del capital financiero internacional, que pronto reclamó el pago del saldo de la Deuda Externa a través de la venta de las Empresas Públicas. La política exterior del menemismo se explicó con un alto desarrollo teórico: relaciones carnales que permitieron a Argentina integrarse a la lista de beneficiarios del Plan Brady.
Se recuperó la estabilidad financiera y el crecimiento mediante una fuerte transferencia de ingresos hacia los grupos económicos y el capital financiero internacional. Los sectores populares que antes veían esfumarse sus ingresos monetarios, recuperaron la paz de un salario que les garantizaba su subsistencia. Además, la sociedad reclamó el buen funcionamiento de las empresas públicas.
Los dos primeros años de gestión menemista fueron traumáticos en términos macroeconómicos. La inflación y el estancamiento parecían no poder superarse. Pero luego del Plan de Convertibilidad se recuperaron los índices de crecimiento y Argentina mantuvo su estabilidad financiera. En 1992 la mayor parte del continente reorientó su política económica hacia los ejes desplegados desde Washington.
El Ministerio de Economía, en Mayo de 1992, mostró la reducción del índice de pobreza, que pasó del 47,7% en 1989 al 20,2%. Esta recuperación fue producto de la caída acelerada de la inflación, que disminuyó a menos del 10% anual. Pero esto no logró recuperar los niveles salariales y el poder adquisitivo de 1985. Encontrándose en 1992 un 31,7% por debajo del salario real del ´85 y un 24,8% menos de poder adquisitivo. Sin embargo, esta situación marcó una relativa tranquilidad social.
La política económica pauperizó a la clase media y provocó la crisis de las PyMEs.  El programa económico se implementó ante la situación de un Estado desestructutado, unos sindicatos derrotados y una oposición parlamentaria en profunda desarticulación.
La consolidación del modelo económico y la estabilidad financiera dieron fuerza para el avance del menemismo. En las elecciones del 3 de Octubre de 1993, el PJ obtuvo un 47,9% de los votos a nivel nacional e incluso logró ganar la Capital Federal con su candidato, Ermán Gonzalez, abriendo paso a la estrategia de reelección. La UCR sólo sacó el 26,5 % de los votos, sufriendo un traspié electoral. La fuerzas de centro-izquierda, bajo el nombre de Frente Grande, encabezadas por Chacho Alvarez y Graciela Fernández Meijide obtuvieron el 13,6% en Capital Federal. En tanto el ahora devenido en político Aldo Rico, quién había encabezado la sublevación de Semana Santa de 1987, obtuvo un 10% a nivel nacional.
Los sueños reeleccionistas de Carlos Menem no se presentaron como algo inédito, fue el primer gobernador que modificó la constitución y logró un nuevo mandato en la provincia de la Rioja en 1987. En su presidencia, la estabilidad financiera y el crecimiento económico reavivaron los aires de una reelección.
El radicalismo mantuvo una fuerte representación parlamentaria y logró contener el proyecto reeleccionista, pero su derrota electoral en Octubre de 1993, perdiendo el bastión de la Capital Federal, permitió a Menem pergeniar una consulta popular para saltar el obstáculo parlamentario. El Dr. Raúl Alfonsín intentó delimitar los marcos de la Reforma Constitucional. Él había logrado obtener la mayoría necesaria para ser presidente de la UCR en las elecciones internas en Mayo de 1993, y ahora debía enfrentarse al avasallante accionar del menemismo.
Ante esta situación, Alfonsín se orientó en la búsqueda de un pacto político que garantizara los derechos y los principios democráticos de la República, para alcanzar lo que él denominó “Estado Legítimo”. El núcleo de coincidencias básicas modernizó la arcaica Constitución de 1853 y la actualizó a nuestros tiempos. Pero por supuesto, posibilitó la reelección de Menem.
La constitución liberal de 1853, sancionada en el apogeo de la oligarquía argentina, no contemplaba conceptos como Democracia o partidos políticos, contenía cláusulas anacrónicas como la de otorgar patentes de corso o autoritarias como la de promover la conversión de los indios al cristianismo. Es evidente que formaba parte de nuestra vida predemocrática y que no representaba a las fuerzas políticas que en 1994 actuaban en la sociedad argentina. Si bien el Núcleo de Coincidencias Básicas fue un progreso en término de Derecho Constitucional, el Pacto de Olivos se encuadró y se entendió como un acuerdo político, recibiendo críticas desde diferentes sectores, incluso al interior de la UCR.
En las elecciones de 1994 el presidente Carlos Menem sufrió un traspié en su soberbio camino hacia la reelección. Pierde en 8 distritos y no alcanzó la mayoría propia en la Convención Constituyente, cayendo en un 5% su participación electoral. El radicalismo se resignó a obtener solamente su piso electoral del 20,8%. Este resultado fortaleció la figura de Fernando De La Rúa, que junto a Federico Storani y Rodolfo Terragno se opusieron públicamente al Pacto de Olivos. Los segmentos progresistas de la Capital Federal y algunos sectores populares de las provincias se inclinaron por votar al Frente Grande que obtuvo un 12,1%. En la provincia de Buenos Aires el ex-dirigente del movimiento carapintada Aldo Rico, con un discurso nacional-peronista clásico, se alzó con un 7,1%.
El año 1995 se inició con las primeras crisis financieras de la era poscomunista. Los desequilibrios fiscales del Estado mexicano y la desconfianza de los inversionistas a la capacidad del gobierno mexicano de encauzar el levantamiento del movimiento zapatista, provocaron la crisis fiscal y el desconcierto en su situación económica. La crisis azteca recorrió las redes informáticas generando el llamado “efecto tequila”. En la Argentina, el sacudón financiero frenó levemente el crecimiento económico. El gobierno vio peligrar sus aspiraciones de continuidad, pero el “salvataje” financiero realizado por los Estados Unidos a México permitió evitar el colapso.
Los vaivenes del mercado mundial hicieron evidente la fragilidad de los equilibrios financieros de las economías latinoamericanas. La crisis provocó especulación y presionó a las alicaídas estructuras fiscales. La respuesta se repitió como mandato divino: reducir el gasto, no emitir moneda, ajustar. Estas políticas generaron erupciones sociales en las provincias, en algunas de ellas se incendiaron las legislaturas y se padeció el desempleo. Pero la crisis social no fue obstáculo para frenar la reelección del presidente Menem, que se encontró con un escenario electoral favorable al enfrentar a una oposición fragmentada. La constitución del FREPASO selló la alianza entre un gobernador descontento del justicialismo, Octavio Bordón, que posteriormente regresaría al partido, y Carlos Alvarez, quien definitivamente encaró la tarea de repensar un proyecto popular fuera del PJ.
Las elecciones del 14 de Mayo de 1995 colocaron a Carlos Menem en el gobierno por cuatro años más. El justicialismo obtuvo el 48,09% mientras el FREPASO alcanzó el segundo puesto con un 33% de los sufragios y la UCR padeció la peor elección de su historia, con un 15, 5%, aunque en el cuadro parlamentario no perdió su posición de segunda fuerza.
Si graficamos la popularidad del menemismo, veremos que desde 1996 la imagen del presidente entró en su fase decreciente. Durante este año se incrementaron las movilizaciones de los sectores sociales y el gobierno no encontró forma de contenerlos. El apagón del 12 de Septiembre marcó el punto de inflexión de la era menemista, alcanzando su punto crítico el 26 de Octubre de 1997, ante la contundente derrota electoral del peronismo.
El 30 de Junio de 1996, Fernando de la Rúa ganó las elecciones para Jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Graciela Fernandez Meijide obtuvo mayoría para el FREPASO en la Convención Constituyente. El radicalismo quedó en segundo lugar y el PJ alcanzó un magro tercer puesto. Esta elección perfilaba el ocaso del gobierno.
La UCR y el FREPASO llegaron a un acuerdo político el 2 de Agosto para constituir una coalición en contra del menemismo. El 26 de Octubre de 1997 la Alianza UCR-FREPASO ganó las elecciones legislativas por abrumadora mayoría, en lo que significó la primera derrota nacional del menemismo.
El presidente Carlos Menem gobernó durante casi toda una década. Los logros alcanzados por  la estabilización tuvieron un costo social inmenso, con un constante aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Lo paradójico de este período es que tuvo crecimiento económico pero fue acompañado de un creciente desempleo: mientras el PBI creció a un 9% anual desde 1991, registrando un receso en 1995, la desocupación pasó de 6,9% en 1991 al 15,8% en 1997.
Los datos sobre la estructura productiva arrojaría que: el crecimiento del período estuvo centrado en la exportación de recursos energéticos no recuperables (gas, petróleo y minería) y productos agropecuarios, primarizando la economía argentina.

El modelo neoliberal entraría en crisis en el año 2001, abriendo paso a una nueva fase de crecimiento centrado en una perspectiva neodesarrollista.

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